El presidente del COCARMI, Antonio Guillén, hizo esta petición durante la celebración de la Jornada '10 años de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad. ¿Nos queda mucho por hacer?' en la que se hizo balance de lo que ha significado y de los avances que ha propiciado en materia de derechos de las personas con discapacidad, pero también de todos aquellos capítulos que aún están pendientes. Guillén lamentó que a pesar del tiempo que ha pasado desde su aprobación, "no hemos avanzado mucho", y admitió que "gran parte de lo que queda por hacer está en nuestras manos", en referencia a las personas con discapacidad.

 

Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, recalcó que esta convención ha sido la primera que se ha aprobado en el siglo XXI y es la decisión con mayor relevancia para el colectivo. A su juicio, debe ser "el marco orientador de las políticas de discapacidad en los próximos 10 años", y a pesar de ocupar el tercer o cuarto lugar de las prioridades de la agenda política, debe tener efectos de gran alcance en campos como la educación o el empleo, fundamentales para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Asimismo pidió a las entidades, como agentes políticos que son, que presionen y trabajen para "liderar" el proceso de aplicación de la Convención "y seamos agentes de nuestra propia inclusión", para lograr el verdadero empoderamiento del colectivo.

 

La directora del Observatorio de la Discapacidad y vicepresidenta del COCARMI, Pilar Díaz, por su parte, presentó 'La estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020', así como diferentes datos sobre la situación de las personas con discapacidad en España (en educación, empleo, accesibilidad, ocio, etcétera) en relación con el conjunto de Europa. Unos datos que reflejan aquellos aspectos en los que hay que trabajar más intensamente. En la mayor parte de aspectos estudiados, la situación de las personas con discapacidad en el Estado es peor que en el resto de Europa, y es especialmente preocupante la tasa de abandono de los alumnos con discapacidad antes de acabar la enseñanza obligatorio, que llega al 43% (es del 25% a nivel general) y es la tasa más alta de Europa.

 

La última parte de la jornada fue una mesa de experiencias, moderada por el secretario general del COCARMI, Enric Botí. En ella intervino, en primer lugar, el abogado y director de la Fundación Tutelar de las comarcas de Girona, Josep Solé, quien habló del artículo 12 de la Convención, que reconoce la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad y al que se podría apelar judicialmente para desmontar el actual sistema de incapacitación y tutela. Según Solé, muchos países, sin embargo, han decidido reservarse la aplicación de este artículo, porque significa dejar la capacidad de decisión sobre la propia vida y patrimonio a las propias personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad intelectual y / o trastorno mental e incluso en casos en los que estas decisiones les pueden perjudicar.

 

En la mesa también participó la directora de la Fundación Gerard, Carme Fernández, quien denunció "la vulneración sigilosa y sistemática del derecho a la educación inclusiva", el incumplimiento u obstaculización de la aplicación de las sentencias en este campo, e incluso "la venta de la segregación como inclusión". Finalmente, el presidente de la Asociación para la Integración Laboral de Mossos con Discapacidad, Ángel Gómez-Quintero, habló de la vulneración de los derechos laborales de mossos d'esquadra, policías locales y bomberos por parte de las administraciones públicas, en casos de discapacidad sobrevenida. De hecho, recordó que tanto el Estatuto de los Trabajadores como la normativa de la función pública son contrarios a la Convención. En la clausura, la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, admitió que "queda mucho por hacer", para que el cumplimiento del tratado sea efectivo, aunque desde su aprobación "hemos avanzado mucho y se han hecho muchas cosas"; de entre las más recientes recordó la creación del Consejo de la Discapacidad de Catalunya (CODISCAT), en el que participa el COCARMI.